Prohibir celulares no basta: expertos piden una política integral para las escuelas

La eventual restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas mexicanas no debería limitarse a retirar los dispositivos de las aulas, sino acompañarse de reglas claras, excepciones por motivos pedagógicos o médicos, protocolos de emergencia, alfabetización digital y mecanismos para evaluar sus resultados, advirtieron especialistas de la Universidad Iberoamericana.

El llamado ocurre mientras el Gobierno federal avanza hacia una definición nacional sobre el tema. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó personalmente a favor de restringir los celulares en las escuelas y consideró necesario recuperar actividades que no dependan de dispositivos electrónicos.

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas”, sostuvo durante su conferencia matutina. La mandataria planteó regresar al “papel y lápiz” durante el aprendizaje y fomentar durante los recreos el juego y la convivencia entre estudiantes, en lugar de que permanezcan aislados utilizando sus teléfonos.

Sin embargo, aclaró que la decisión todavía no está tomada. La SEP realiza una consulta dentro de los Consejos Técnicos Escolares para conocer la opinión de maestras y maestros antes de establecer las medidas que podrían aplicarse a nivel nacional. Sheinbaum señaló que no será una determinación personal y adelantó que será en septiembre cuando se defina el camino a seguir.

La consulta involucra a alrededor de 1.2 millones de docentes de educación básica. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el ejercicio se desarrolla escuela por escuela durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, previa al inicio del ciclo 2026-2027, cuando más de 23 millones de estudiantes regresarán a las aulas.

Prohibir no garantiza concentración

Frente al debate, especialistas en psicología, educación y derecho de la Universidad Iberoamericana coincidieron en que una restricción puede ser razonable, particularmente durante clases y actividades académicas, pero advirtieron que una prohibición general difícilmente resolverá por sí misma problemas como distracción, ciberacoso, ansiedad o bajo rendimiento.

Sandra Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Ibero, explicó que la evidencia internacional sobre las restricciones todavía es mixta. Las políticas sí disminuyen el uso del teléfono durante el horario escolar, pero eso no necesariamente reduce el tiempo total frente a las pantallas ni garantiza cambios en bienestar o rendimiento.

“Quitar el celular puede reducir la oportunidad de distraerse, pero no crea automáticamente concentración”, sostuvo. La especialista consideró razonable limitar el uso personal y recreativo, especialmente en educación básica, pero con excepciones por razones pedagógicas, médicas, de discapacidad, accesibilidad, seguridad o emergencia.

Su propuesta contempla seis componentes: una regla clara sobre cuándo debe permanecer apagado o guardado; excepciones justificadas; canales institucionales para emergencias; consecuencias educativas y proporcionales; alternativas de convivencia cuando se retire el teléfono y una evaluación posterior para determinar si realmente mejoraron la atención, el bienestar y el desempeño escolar.

¿Qué pasa si el celular también es una herramienta educativa?

Otro de los riesgos de una regulación uniforme es la desigualdad tecnológica entre escuelas.

Cimenna Chao Rebolledo, directora general de Planeación Estratégica e Innovación de la Ibero, señaló que un teléfono puede convertirse en una herramienta de aprendizaje, especialmente en comunidades donde representa la única infraestructura tecnológica disponible. Eliminarlo indiscriminadamente podría limitar oportunidades educativas y el desarrollo de habilidades digitales.

Por ello, planteó que cualquier regulación esté acompañada por una alfabetización digital integral que permita a los estudiantes no solamente aprender a operar dispositivos, sino también comprender críticamente las fuentes, sesgos e intereses detrás de los contenidos que consumen.

Desde el ámbito jurídico, Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Ibero, añadió que las restricciones deben tener una finalidad específica, ser proporcionales y evitar afectaciones innecesarias a derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para Ortega, el debate debe evolucionar de una simple prohibición hacia una política de Estado sobre la incorporación de tecnologías a la educación, que incluya capacitación docente, ciudadanía digital y responsabilidades para las propias empresas tecnológicas.

La discusión mexicana forma parte de una tendencia internacional

Hasta marzo de 2026, 114 sistemas educativos, equivalentes al 58% de los países monitoreados, tenían alguna prohibición nacional de teléfonos móviles en las escuelas, frente a 24% en 2023. Sin embargo, la UNESCO precisa que existen modelos distintos: algunos países establecieron vetos generales y otros permiten que cada escuela determine restricciones y excepciones.

México todavía deberá escoger su modelo. La administración de Sheinbaum busca una regulación nacional después de que 16 entidades ya establecieron disposiciones sobre el uso de celulares, pero la consulta al magisterio será uno de los insumos para tomar la decisión.

Para los especialistas, el punto central no es únicamente determinar si el teléfono puede entrar al salón, sino cómo enseñar a una generación que seguirá utilizando tecnología una vez que salga de la escuela.