El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para fiscalizar las actividades de los aspirantes presidenciales, así como el tope de gastos permitidos para ellos, fijado en 34.3 millones de pesos.
Estas nuevas reglas fueron establecidas por el INE en respuesta a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de garantizar la equidad en la contienda electoral del 2023-2024, evitando que las actividades en curso de Morena y sus aliados, así como del frente opositor (PAN, PRI y PRD), afecten la competencia.
Los lineamientos permiten a los legisladores participar como aspirantes presidenciales, pero imponen restricciones y obligan a los partidos a reportar y documentar todos los gastos relacionados con las campañas de sus aspirantes, incluyendo la logística de giras, propaganda y encuestas.
El tope de gasto permitido para cada aspirante es de 34.3 millones de pesos, incluyendo las aportaciones de militantes y simpatizantes (con un límite individual de 537,041 pesos). Además, los futuros precandidatos podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos a su propia causa.
Con estos lineamientos, se amplían las reglas para contabilizar diversos gastos, desde propaganda utilitaria hasta sueldos de los equipos de los aspirantes, rentas, gastos de traslado y hospedaje, publicidad en vía pública, medios de comunicación, internet, redes sociales, entre otros conceptos. La fiscalización será retroactiva desde el momento en que los partidos emitieron las convocatorias para sus procesos internos.