Los elementos de seguridad habrían participado en actividades ilícitas cometidas en 2023.
Ocho elementos de la Policía Municipal de Manzanillo, Colima, fueron detenidos y dados de baja esta mañana, tras ser señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales, informó la alcaldesa Rosa María Bayardo Cabrera.
A través de un video, la presidenta municipal explicó que los agentes habrían facilitado operaciones delictivas, lo que calificó como una traición a la confianza de la ciudadanía.
De acuerdo con la información oficial, las detenciones fueron realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima, derivado de investigaciones que apuntan a la posible participación de los policías en actividades ilícitas ocurridas desde el año 2023.
Hasta el momento no se ha informado con qué grupo criminal estarían relacionados, ni los delitos específicos que se les imputan, aunque las investigaciones continúan en curso.
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Policías coludidos con el crimen organizado
El caso no es aislado. En agosto de 2024, ocho policías municipales —siete de Colima y uno de Villa de Álvarez— fueron detenidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la región.
En ese momento, la Fiscalía estatal informó que los agentes filtraban información, manipulaban cámaras de vigilancia y alteraban reportes para favorecer a integrantes del cártel, incluso permitiendo la liberación de detenidos.
Estas detenciones se dieron en un contexto de operativos contra estructuras del CJNG en Colima, incluyendo la captura de presuntos jefes de plaza, lo que evidenció la penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad.
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Colima, particularmente Manzanillo, ha sido identificado como un punto estratégico para el crimen organizado debido a su puerto y su conexión con rutas del Pacífico, lo que ha generado una disputa constante entre grupos delictivos.
En este contexto, la infiltración de corporaciones policiales se ha convertido en uno de los principales riesgos para la seguridad pública, al debilitar las capacidades del Estado frente a organizaciones criminales.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y si existen más elementos involucrados.
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